¿A dónde va el dinero?

El gobierno federal no sólo ha confiscado el dinero de fideicomisos que fueron creados para resolver problemas del país y de los ciudadanos. Ahora pretende eliminar 20 programas sociales del presupuesto del año 2023.

Entre estos 20 programas que desaparecerá el gobierno federal, hay algunos que afectarán a los productores rurales, hay otros que afectarán a la atención a la atención médica, otros a la educación, a la infraestructura portuaria, también a la preservación del medioambiente, entre otros.

Con el anuncio de la instrumentación de la política denominada “pobreza franciscana” durante los últimos dos años y medio que faltan de este sexenio, este gobierno exprimirá aún más a la infraestructura gubernamental, reduciendo de forma demoledora los servicios públicos que fueron creados, -en otros gobiernos-, para brindar servicios para la ciudadanía.

Sin embargo, durante los casi cuatro años que lleva este gobierno, con la encomienda presidencial de actuar con apego a la austeridad republicana-, se confiscaron millonarias cantidades de dinero etiquetadas para actividades específicas que ya no se pudieron aplicar… ¿dónde fue a dar ese dinero?, pues no se le ha seguido el rastro, para saber en qué se ha gastado… o si simplemente está guardado, esperando el momento. La opacidad ha sido absoluta. El decretazo presidencial que pretendía convertir en “información reservada” toda la inversión pública destinada a los tres proyectos del presidente, nos muestra esas intenciones.

Ahora que la morenista directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Buylla reconoció que más de 10 mil proyectos dejarán de realizarse al extinguirse los fideicomisos que estaban dedicados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, -los cuales suman casi 22 mil millones de pesos-, ¿en qué se utilizarán?

Con estos indicadores podemos visualizar cómo será esta nueva etapa de fin de sexenio.

El costo social de la falta de los programas y fideicomisos cancelados ha sido de alto impacto en los ámbitos de salud, educación, seguridad e incluso infraestructura operativa.

Sin embargo, ese dinero ahorrado por el gobierno federal en casi cuatro años ¿a dónde se ha invertido? O ¿en qué se ha aplicado?

La opacidad con que se ha administrado el dinero ahorrado, nos orilla a suponer que se ha invertido en los tres proyectos estratégicos presidenciales. Sin embargo, seguramente lo recaudado, -a partir de los ahorros logrados en la medianía republicana-, en estos casi cuatro años de este gobierno, -más lo que se logrará apretando aún más el presupuesto-, podría rebasar el costo total de los tres proyectos.

Echando a volar la imaginación, ¿será que estos ahorros estarán siendo guardados en algún cochinito que se romperá durante las elecciones del 2024… a favor de MORENA?

Bueno… esto es simple especulación… seguramente producto de la imaginación… ¿A usted qué le parece?

¿QUIEN ES RESPONSABLE DE LOS ABUSOS POLICIACOS?

Las benditas redes sociales exhiben los abusos policíacos y dejan constancia testimonial de lo que los mexicanos hemos sabido desde siempre: Las policías del país abusan de la autoridad legítima que les confiere la ley. Sin embargo, ese abuso constituye un delito.

¿Dónde está la responsabilidad de sus jefes? ¿Dónde están los programas de capacitación?... ¿Cómo se instrumentan los protocolos para la detención de ciudadanos infractores, con apego a los derechos humanos?

No se puede exigir a los policías una conducta honorable cuando no se ha fijado un estándar de actuación que sea su referencia. Si no se les explica qué se espera de ellos, no se puede criticar su actuación.

Además, un alto porcentaje de las conductas inmorales y no éticas de los policías responden a la exigencia de cuotas económicas fijadas por sus jefes, desde siempre, por lo cual, salen de la estación de policía con el objetivo de extorsionar ciudadanos para cumplir con sus superiores.

Esto es un problema estructural, multifactorial, donde prevalecen “usos y costumbres”, valores podridos y doble moral. Pero lo más importante es la falta de voluntad política desde la presidencia de la república. Por supuesto que es una actitud iniciada desde sexenios atrás, pero que también prevalece en este, donde se ha consolidado un pragmatismo político que irradia perversidad.

Este pragmatismo, -que es parte de la cultura política del partido en el poder-, no sólo es perverso, sino absolutamente surrealista, como quedó patente en las declaraciones de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, grabada en un video donde ella está flanqueada por un funcionario que porta uniforme tipo militar y que no se inmuta mientras ella exige a los negocios víctimas de la delincuencia organizada que “paguen sus facturas” con sus extorsionadores, para que el crimen organizado no afecte a la ciudadanía. A su vez, pide a los delincuentes que no se ensañen con la ciudadanía, sino sólo con quien se resista a cumplir sus obligaciones con sus agresores.

¿Esto quiere decir que los comerciantes extorsionados que no pagan su cuota a los delincuentes son culpables de la violencia criminal y el terrorismo?

¿Sabrá esta funcionaria que en México aún existe el estado de derecho, amparado por la Constitución? Es su total responsabilidad brindar protección a absolutamente todos sus gobernados y esto no excluye al sector empresarial. Ningún funcionario público puede evadir este mandato constitucional.

¿Qué autoridad gubernamental le ha llamado la atención a la alcaldesa?... ¿La gobernadora de su estado?... ¿El presidente de la república?... ¿El fiscal?... ¿La SCJN?... nadie.

El silencio cómplice legitima.

Y… ¿La cúpula empresarial?... No se ha manifestado en solidaridad con los microempresarios, que son las principales víctimas del cobro de piso.

Manifestarse en abstracto, -en contra de la violencia-, es una narrativa ambigua. Debiese enfocarse en contra de las autoridades omisas e irresponsables que no protegen de la violencia y extorsión al sector productivo.

Esta actitud, -de la alcaldesa Caballero-, describe la actitud de la 4T en contra del sector productivo, -del que se deslinda-, como si no tuviese los mismos derechos de la ciudadanía. Esto representa un acto de discriminación.

Dejar pasar esta actitud de la alcaldesa abre la puerta a que pronto la posición gubernamental evolucione y algún día, -frente al secuestro-, sea de deslinde después de culpar a la familia de la víctima por no haber pagado con prontitud y diligencia el rescate exigido, así como a las víctimas de violencia de género y feminicidios por no haberse rendido ante su agresor.

Con esto queda implícito que el Estado Mexicano asumió como normal la sumisión de las autoridades legítimas al crimen organizado. Esto genera el riesgo de volver a repetirse con otros alcaldes y quizá algún gobernador.

Esta tolerancia y permisividad gubernamental envalentona a los delincuentes, pues se sienten reconocidos por la autoridad que está legitimada por la Constitución.

La secretaria de Seguridad Pública de la nación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya se tienen identificadas las causas de la violencia. Sin embargo, lo que urge conocer son las estrategias para combatirla.

Seguir instrumentando las mismas estrategias fallidas nos llevará a los mismos resultados.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

¿A usted qué le parece?

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